Un total de 26 exrectores de universidades públicas catalanas han pedido a la ciudadanía votar a partidos «que defienden el respeto y los derechos de las personas» en las elecciones generales del 23-J. Los antiguos dirigentes han impulsado un manifiesto en el que se rechaza la «intolerancia» y la violencia en general y, en particular, «cuando afecta a las mujeres, las personas LGTBI y las personas migrantes«. Además, el texto defiende la sostenibilidad, la «plena normalización del catalán» en las universidades y «los derechos lingüísticos» de los ciudadanos. La exrectora de la UAB Margarita Arboix ha leído el manifiesto este jueves en el paraninfo de la UB. A título personal ha advertido de las «nubes que se avecinan» y de la intención «de algunos» de hacer «retroceder en derechos» a la sociedad.
El exdirigente mostró «indignación» y dejó claro que «la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos y los avances sociales son irrenunciables, no se tocan».
Falseamientos
El texto que han acordado también defiende valores como «la libertad de pensamiento y de expresión, la libre discusión, la profundización cultural, la igualdad entre hombres y mujeres y la expulsión de mitos y falseamientos que emergen con fuerza renovada». También reclaman «una sanidad y una educación pública de calidad», además de una apuesta por «la ciencia y la cultura, ya que son base del desarrollo».
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Varios rectores inmediatamente anteriores a los actuales han sido los impulsores de la iniciativa, como Oriol Amat (UPF), Sergi Bonet (UDG), Juan Elias (UB), María Josefa Figueres (URV) o Josep Antón Planell (UOC). Una veintena más se ha sumado, como Ana Maria Geli de Ciurana (UDG), Antoni Giró (UPC), Dídac Ramírez (UB), Enric Argullol (UPF), Antoni Serra Ramoneda (UAB) o Xavier Grau (URV) .
Todos ellos han enfatizado en el manifiesto que «en los próximos años son decisivos y se necesitan grandes cambios», y creen que hay que asegurar que las universidades «puedan seguir jugando el papel social que les corresponde». De hecho, creen que los centros tendrán que adaptarse a nuevas realidades en los ámbitos tecnológico y de ‘big data’, institucional, jurídico, sanitario y medioambiental. En este sentido, han expresado la necesidad de llevar adelante iniciativas para ajustarse a la Agenda 2030 y los ODS, un programa de Naciones Unidas criticado en campaña por partidos como Vox.
