La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó este lunes el incidente de nulidad planteado por el Getafe contra la sentencia de dicha Sala, del pasado 29 de junio, que dictó cerrar su estadio un partido por los incidentes acaecidos durante el encuentro que disputó el conjunto azulón ante el Tenerife en junio de 2017.
El cierre suponía que el Getafe iba a abrir la Liga contra el FC Barcelona en el Coliseum Alfonso Pérez (domingo 13 de agosto, 21.30 horas) sin público, por lo que la anulación permitirá qjue el los aficionados puedan llenar el estadio.
El caso tiene su origen en los hechos violentos que se registraron durante aquel partido para ascender a Primera División. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso al Getafe la sanción del cierre de su estadio por un partido que después fue confirmada por el Tribunal Supremo.
El órgano de la justicia señaló, en la sentencia ahora anulada, que se había emplazado al Getafe, pero el club presidido por Ángel Torres no se personó en las actuaciones. La entidad madrileña, tras conocer dicha sentencia, presentó incidente de nulidad alegando que sí se personó el 21 de abril de 2020.
«El club tiene razón»
«El Supremo, tras constatar que el club tiene razón y que se personó en forma y plazo, ha dejado sin efecto la sentencia y ha repuesto las actuaciones a fin de que Getafe Club de Fútbol, S.A.D., presente, en treinta días, escrito de oposición al de interposición del recurso de la Abogada del Estado», informó el Tribunal Supremo.
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Durante el partido frente al Tenerife que disputó el Getafe se escucharon desde las gradas, procedentes de la zona de los aficionados canarios, cánticos como «asesino, asesino» dirigidos al jugador azulón Sergio Mora y «puta Getafe, puta Getafe». Además, desde uno de los fondos donde estaban ubicados los hinchas del Getafe, se lanzaron botes de humo y se produjo una invasión masiva de aficionados locales tras el final del partido.
Hace dos semanas, el Getafe, a través de un comunicado, calificó como «desproporcionada» la sentencia que podía cerrar el recinto y explicó los antecedentes «administrativos o disciplinarios» y los «antecedentes judiciales. El Supremo le ha acabado dando la razón
