Investigación en medicamentos, una oportunidad para España

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«Sólo la ciencia permitirá encontrar una salida segura y eficaz a la pandemia», decía el año pasado el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa. Y es que, de las enseñanzas que nos deja esta terrible crisis, quizá es la más importante: hasta qué punto la investigación biomédica, en medicamentos, es crítica para nuestra sociedad. La crisis sanitaria no sólo ha provocado muerte y sufrimiento, sino que ha devenido en una profunda crisis económica y social cuyas consecuencias permanecerán largo tiempo. Cuán estrechamente la salud está ligada a la economía y el bienestar. Y no hay salud, estamos viendo, sin medicamentos y sin la investigación que los hace posibles. Desde el comienzo de la crisis se inició una carrera investigadora global con una movilización de recursos sin precedentes y sobre la base de la colaboración entre compañías farmacéuticas, comunidad científica, gobiernos y agencias reguladoras, que compartieron conocimiento con un objetivo: ganar tiempo. Nos falta perspectiva temporal para calibrar el hito que supone que nueve meses después de la declaración de la pandemia se estuviera administrando la primera vacuna. Hemos recogido el fruto del conocimiento acumulado y de la solidez de un modelo de investigación que en las últimas décadas ha revolucionado la lucha contra la enfermedad. La movilización contra la Covid-19 ha sido un hecho extraordinario, pero no así el camino que nos ha llevado al éxito. Desde hace años, la investigación de medicamentos se sustenta en un modelo abierto, colaborativo e internacional orientado a detectar el conocimiento allí donde se genera -en un equipo investigador de una universidad o un hospital o en una start-up- e incorporar la experiencia, la capacidad organizativa y los recursos de las compañías farmacéuticas para que ninguna potencial solución terapéutica se quede sin desarrollar por falta de medios para cubrir el largo y arriesgado camino que recorre todo medicamento antes de ser aprobado. No es baladí. Desarrollar un fármaco implica una media de diez años, una inversión de 2.500 millones de euros y un alto riesgo. Hay que trabajar sobre miles de potenciales compuestos para que uno llegue un día a ser un medicamento. No es fácil asumir el riesgo de cruzar el valle de la muerte. Así se denomina en el argot el espacio entre el laboratorio (la investigación más básica) y las fases preclínica y clínica. Cruzar ese valle implica cuantiosos costes, y el riesgo de fracaso es tan alto que hay que seleccionar muy bien. La búsqueda de vacunas contra la Covid-19 ha mostrado que la colaboración entre la iniciativa pública y la privada es presente y futuro del avance de la investigación biomédica. Lo afirmé hace unos días en el Congreso de los Diputados, con motivo de mi comparecencia en la Subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación: es la base del avance biomédico. Es crítico que nuestro país fomente la inversión pública en investigación básica, la que se lleva a cabo por universidades, hospitales y otros centros de investigación, de modo que se genere conocimiento robusto en este ámbito, y lo es que se fomente la colaboración con las compañías farmacéuticas para que ese conocimiento pueda concretarse en un tratamiento eficaz y seguro para los pacientes. Debemos entender el efecto tractor que grandes compañías ejercen sobre pymes, empresas emergentes y centros públicos de investigación. Necesitamos solventar obstáculos, superar barreras ideológicas y crear estímulos que nos permitan realizar una adecuada transferencia de tecnología y conocimiento desde el sector público al privado. Para crear este entorno, Administración, sistema sanitario, comunidad científica, pacientes e industria debemos definir una estrategia de país adecuada que fije el rumbo a largo plazo, que es el que exige la investigación biomédica, y que se sustente en tres bases principales: una inversión continuada en I+D biomédica pública junto a la digitalización del Sistema Nacional de Salud, esencial para el desarrollo y aplicación de la medicina de precisión; una regulación farmacéutica que reconozca el valor de la innovación y posibilite el acceso rápido de los pacientes a las nuevas terapias, y unos incentivos a la inversión en I+D empresarial que pasan por la defensa de los derechos de propiedad industrial. La buena noticia es que partimos de una posición preferente en este campo, que se distingue de otros donde España no ocupa posición de vanguardia. Aquí sí. España es una referencia internacional en ensayos clínicos de medicamentos, gracias a la solidez del sistema de salud y la cualificación de sus profesionales; a una infraestructura logística e investigadora bien desarrollada; una Administración sensible que ha impulsado una legislación pionera en la materia; unos pacientes cada vez más implicados, y una industria farmacéutica comprometida con la I+D. Esto ha permitido que España sea el primer país de Europa y el cuarto del mundo en número de ensayos clínicos contra la Covid. Es decir, sabemos investigar sobre la base de la cooperación entre compañías y sistema sanitario y estamos en vanguardia para ser no sólo usuarios de las nuevas tecnologías, sino para contribuir a crearlas y para estar entre los países más avanzados. Debemos aprovechar esta oportunidad. Vivimos un momento histórico para la investigación biofarmacéutica, a través de los nuevos conocimientos a nivel tisular, celular y genómico, que están favoreciendo una medicina de mayor precisión y más personalizada. Nuestro liderazgo en investigación clínica nos da una ventaja competitiva con respecto a otros países para generar un ecosistema de investigación en medicamentos, terapias avanzadas y tecnologías sanitarias capaz de atraer fuerte inversión internacional, potenciando la capacidad de nuestro Sistema Nacional de Salud y generando beneficios sanitarios, económicos y sociales precisamente en un ámbito primordial para el bienestar futuro de las sociedades modernas. Juan López-Belmonte es presidente de Farmaindustria.

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