La OCU denuncia el creciente fraude en la certificación energética de las viviendas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció este martes deficiencias en la realización de etiquetas de certificación energética de viviendas, siendo las más comunes la incorrecta identificación de los sistemas de producción de calor y frío de la vivienda, así como la falta de consejos concretos para reducir el consumo energético. Además, en un comunicado, la asociación, que ha analizado el trabajo de 15 profesionales en dos viviendas tipo, denunció que hasta el 11% de los profesionales consultados previamente por teléfono accedían a certificar sin acudir al domicilio. El fraude sigue adueñándose de esta actividad muy vinculada a la compraventa de viviendas. Como ya explicó en su día EL PERIÓDICO, la guerra de precios se ha enquistado en la práctica de extender certificados de eficiencia energética. Los profesionales serios denuncian falsificaciones y picarescas y reclaman que el documento gane relevancia como instrumento de evaluación y mejora del parque de viviendas. Ahora la OCU también se suma a esta petición.

La OCU ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a las consejerías competentes aumentar los controles sobre los profesionales que elaboran este tipo de certificados, además de pedir que estos documentos incluyan propuestas claras de mejora. De lo contrario, consideró que la realización de las etiquetas energéticas se convertirá en un ‘sacacuartos’ sin utilidad práctica para el propietario, que las paga a precios que pueden superar los 200 euros.

La OCU también ha detectado grandes diferencias de precios en un estudio paralelo realizado en 25 ciudades para la realización de una certificación energética. Dentro de la misma localidad, pero también entre ciudades: frente a un precio medio inferior a los 90 euros en Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, el coste supera los 150 euros en Bilbao, Burgos y Ávila, indicó. 

Precio justo

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Rosa Claverol, arquitecta y profesional especializada en certificaciones de viviendas desde que son obligatorias, allá por el 2013, opina que el fraude ha alcanzado niveles alarmantes, con una guerra de precios insostenible. Argumenta que una inspección tal y como establece la normativa supone una hora de visita del certificador para un inmueble de hasta 120 metros cuadrados, más otras tres o cuatro horas de elaboración del informe y su presentación telemática ante la Administración, el ICAEN en el caso de Catalunya. El precio habitual de un informe de estas características debería de ser del orden de los 120 euros (en los que suele incluirse una comisión de 20 euros al comercial de la inmobiliaria, y los 12 euros de la tasa oficial de registro). En la práctica, existen ofertas de certificados a partir de 30 euros, muchos de ellos se supone que falsos, afirma. La acusación principal es que ni siquiera se registran en ICAEN, por lo que nadie sabe a ciencia cierta el nivel de fraude global. En este tipo de operaciones tampoco suelen hacerse facturas. 

Fuentes de la consultoría energética de Tinsa (especialista en valoración de inmuebles) ha detectado que no se están haciendo las inspecciones correspondientes, que no hay visitas profesionales que respalden los informes y que incluso algunos códigos QR son falsos. Los notarios, por su parte, no supervisan la veracidad de los datos de la certificación energética en las compraventas de viviendas. En el sector se considera que «la clave es dar rigor profesional al certificado energético y que pase a tener a ser un documento técnico y no un mero trámite administrativo». Pasaría a ser un documento útil para conceder préstamos verdes o hipotecas bonificadas.  

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