¿Qué se iba a hacer con armas incautadas en Operación KAF?

Las armas de fuego y miles de municiones incautadas mediante la Operación KAF en las provincias Santiago y Espaillat la semana pasada, por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), estaban destinadas al uso de organizaciones del crimen organizado, asegura el órgano acusador.

Se trata de seis fusiles, dos pistolas y 6,796 cápsulas, así como más de 4 millones de pesos y más de 17 mil dólares ocupados durante múltiples allanamientos.

En los operativos se incautaron 6,689 cápsulas calibre 9mm, así como 9 cargadores para fusil, calibre 5.56 x 45, marca PRO MAG

También, dos cargadores para pistolas 9mm, tipo Tambor y uno para pistola, calibre 9 mm, con capacidad para 31 cápsulas.

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El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, declaró a Diario Libre que las armas y municiones ocupadas constituyen una amenaza para la seguridad.

Ese arsenal fue ocupado a los imputados Gregory Alberto Diplán Güichardo y Juan Miguel Almonte Padilla (Colita), quienes enfrentan cargos por comercializar con redes del crimen organizado armas de fuego de alto calibre y distribuir drogas narcóticas.

El Ministerio Público solicita en contra de ambos prisión preventiva por tráfico de armas del caso KAF.

El órgano formuló contra los encartados la calificación jurídica provisional descrita en los artículos 4, literal B; 6, letra A y 75 párrafo 1 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Además, la violación a los artículos 66, 67, 68, 69 y 266 de la Ley 631-16 de Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.

La audiencia de medida de coerción en contra de los imputados está programada para el próximo miércoles, a partir de las 9:00 de la mañana.

Aunque hasta el momento solo hay dos imputados, el magistrado Bonilla informó que las pesquisas siguen abiertas, para determinar si hay más personas vinculadas en el país en el tráfico internacional de armas de fuego.

En los allanamientos en los que se arrestó a los encartados participaron 10 fiscales del Ministerio Público de Santiago y agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Estas diligencias contaron además con la cooperación internacional de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

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